Daniel Gómez Trejo
*El diputado Javier Taja (Morena) busca agregar la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Coneme / A fin de implementar programas de reintegración social que incluyan atención integral en salud mental, educación, capacitación laboral y habilidades sociales, así como el fomento de espacios seguros para su desarrollo personal y comunitario, el diputado Javier Taja Ramírez (Morena) impulsa una iniciativa.
El documento, que adiciona la fracción VII al artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, fue enviado a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y dictamen.
Expone que la violencia y la delincuencia son fenómenos complejos que afectan a la sociedad e impactan tanto la seguridad pública como el bienestar individual y colectivo, por lo que es indispensable adoptar medidas efectivas que no solo busquen la sanción de los delitos, sino promover la prevención desde una perspectiva integral.
Indica que la reintegración social de individuos en conflicto con la ley cobra vital importancia, al reconocer que su recuperación y reincorporación a la sociedad son fundamentales para el establecimiento de comunidades pacíficas y cohesivas.
“La adición –agrega– no es solo un cambio normativo, sino una reflexión de nuestra responsabilidad en la construcción de un entorno en el que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente”.
Taja Ramírez destaca que la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia debe incorporar en sus principios rectores una visión amplia que contemple no solo la represión del delito, sino acciones preventivas que promuevan el bienestar social.
Al reconocer y formalizar la reintegración social, se establece un marco normativo que obligará a las instituciones del Estado a implementar políticas y programas específicos destinados a este fin, lo que significa que la reintegración no será una cuestión marginal o secundaria, sino un aspecto central de la estrategia nacional para combatir la violencia y la delincuencia.
También, podría facilitar la asignación de recursos y la creación de iniciativas gubernamentales que respondan a las necesidades de reintegración. “Al estar estipulado en la ley, se genera un compromiso institucional que puede llevar a la creación de alianzas con el sector privado, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil”, añade.
Hace mención que la integridad y efectividad de estos programas de reintegración social dependen de la colaboración interinstitucional, por lo que es crucial que las diferentes instancias del gobierno, tanto a nivel federal como estatal y municipal, trabajen de manera coordinada y en colaboración con organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y comunidades locales.
“La formalización de la reintegración social como un aspecto esencial de la política pública también contribuye a desestigmatizar a aquellas personas que han estado en conflicto con la ley. Al promover un enfoque que resalte los derechos humanos y el respeto a la dignidad, se fomenta un cambio en la percepción social sobre estas personas, alentando a adoptar una postura más inclusiva y comprensiva”, enfatiza.