Daniel Gómez Trejo
Coneme / A la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrantes del Poder Judicial Federal:Cuidar el sistema democrático es aceptar el cambio constitucional por los métodos que la propia
Ley Fundamental establece.
Esa es la vía que las mayorías legislativas en las cámaras del Congreso de la Unión y casi la
totalidad de congresos locales han seguido: realizar una reforma constitucional al Poder Judicial,
mediante el órgano revisor de la Constitución.
Esa decisión constitucional sobre la reforma al Poder Judicial no es ni impugnable, ni revisable, ni
suspendible por medio alguno de control judicial, como lo ha aceptado el propio Poder Judicial de
la Federación en el pasado, cuando se impugnaban reformas constitucionales.
Y no lo es, por dos razones fundamentales:
- La Constitución nunca es contradictoria consigo misma.
- Ningún órgano de un Poder constituido, como un juzgado de distrito o incluso la propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede estar por encima y anular las decisiones que
toma el órgano revisor de la Constitución y a quien nuestra Carta Magna encomienda esa
función.
Legisladoras y legisladores de la oposición, inexplicablemente, han señalado que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum incurre en desacato por no cumplir la suspensión de una juez de Distrito que ordena retirar del Diario Oficial de la Federación dicha reforma.
¿Qué pretenden esos legisladores y legisladoras? ¿Que se desconozca una decisión tomada conforme a la propia Constitución? ¿Que se valide una suspensión que —como han sido todas— se dicta frente a actos inimpugnables y la cual ningún juez/a constitucional tiene competencia para emitir?
¿De qué lado están, señoras y señores legisladores: del lado de la abrumadora mayoría popular que está representada en el Poder Legislativo mexicano o del lado de burócratas judiciales que dictan resoluciones a su favor?
Cuando las y los jueces y ministros se otorgan suspensiones y amparos a sí mismos sólo corroboran la necesidad de la reforma que se ha emprendido a un Poder Judicial ajeno a las necesidades populares