Por René Valadez
*Curules RP: MC 26, Morena 75, PAN 26, PRI 26, PT 13 y PVEM 20; Faltan 14 *Escaños de Representación Proporcional: MC 3, Morena 14, PAN 6, PRI 4, PT 2 y PVEM 6
Coneme / El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes por mayoría la asignación de diputaciones federales por el principio de representación proporcional (RP) y, por unanimidad, asignó senadurías por este principio a los partidos: Movimiento Ciudadano (MC), Morena, PAN, PRI, PT y PVEM.
En sesión extraordinaria, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que en este proceso de asignación y en la aplicación de la fórmula contenida en la Constitución no existe un dilema. “Nuestro actuar está más allá de coyunturas electorales”, dijo, por lo que consideró inaceptable colocar al Instituto en una falsa disyuntiva.
“La Constitución es contundente y precisa, no hay dilema, las reglas constitucionales son muy claras. Pedirle al INE hoy que aplique esta fórmula de otra manera, es impensable. Este Consejo General no puede apartarse de la Constitución. Atisbar siquiera o, peor aún, asegurar que se pueden inaplicar las reglas electorales, debilita la construcción de la ciudadanía y del Estado de derecho”.
El consejero Uuc-kib Espadas Ancona -presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos-, previno que “la fórmula de asignación de la representación proporcional, su interpretación gramatical y funcional, pero muy especialmente en su interpretación sistemática, histórica y teleológica es inequívoca: donde la Constitución dice que el tope de sobrerrepresentación será de 8 % para cada partido, debe leerse que este tope es para cada partido y no para cada coalición”.
Recalcó que el INE defiende a la República arbitrando, no siendo parte de la disputa. “No puede un órgano obligadamente imparcial moldear sus decisiones en función de un resultado electoral particular, independientemente de que ese resultado sea considerado adecuado o no por funcionarios o jueces electorales”.
En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz Magaña puso en claro que quienes conforman el Consejo General no son un cuarto poder, “no tenemos facultad para distribuir curules y escaños con interpretaciones a modo. Pretender que 11 personas integrantes de una autoridad administrativa electoral podemos cambiar las reglas de sobrerrepresentación dadas por el pacto federal, implicaría revestirnos de una soberanía que no detentamos”.
Al presentar una contrapropuesta de distribución de diputaciones de RP, la Consejera Claudia Zavala Pérez expuso que la asignación de curules en la Cámara de Diputados, propuesta en el proyecto de acuerdo sometido a consideración, “no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio”.
Por su parte, el Consejero Jaime Rivera Velázquez defendió una interpretación sistemática y funcional que preserve los fines superiores de la Constitución de pluralismo, proporcionalidad e igualdad del voto ciudadano.
El Consejero Arturo Castillo Loza mencionó que la función de las autoridades administrativas electorales “no es redefinir el sistema para adaptarlo a las circunstancias políticas del momento o a modelos teóricos o doctrinales de democracia, sino garantizar que se aplique la ley. Ni más, ni menos”. El respeto a la ley, acentuó, es el fundamento del Estado de derecho y de la paz social.
“En todo caso, corresponderá al legislador o a la justicia constitucional dotar de un sentido distinto al modelo de representación política actualmente vigente. Jugar, en cambio, al capricho político, al deseo personal o a la idea abstracta y subjetiva de la primacía de la justicia sobre la ley, sólo nos conducirá al callejón sin salida de la ley del más fuerte, que no es ley sino arbitrariedad”.
“La obligación que tenemos hoy todas y todos los consejeros que integramos este pleno, es aplicar la Constitución. Más allá de nuestras convicciones personales, nuestras simpatías, opiniones y críticas que pudiéramos hacer, estamos aquí para actuar conforme a lo que dicta nuestra Constitución y los principios que de ella emanan”, destacó la Consejera Carla Humphrey Jordan.
Al anunciar su apoyo a la propuesta de la Consejera Claudia Zavala, el Consejero Martín Faz Mora apuntó que hay una amplia base de motivos y fundamentos constitucionales y jurisdiccionales que permitirían al INE considerar dicho criterio para calcular el umbral del ocho por ciento de sobrerrepresentación, “mismo que no sólo es razonable, sino constitucionalmente válido”.
La Consejera Dania Ravel Cuevas señaló: en el INE somos operadores de la norma y en algunas ocasiones nos corresponde interpretarla, por eso me parece que esta discusión se tiene que dar tomando como base y como principio de la misma lo que determina el artículo 54 constitucional y del 15 al 20 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Sin duda, la legislación debería hablar de coaliciones y no de partidos políticos para considerar la sobrerrepresentación como lo hace ahora; sin embargo, ésa será tarea del legislador porque hoy el texto constitucional habla de partidos políticos y la Sala Superior -del TEPJF- ya ha hecho pronunciamientos con relación a la posibilidad de interpretar la fracción cuatro y cinco del artículo 54 constitucional, referida a coaliciones y no partidos políticos y esta interpretación no ha sido favorable”.
Ante diferentes puntos de vista respecto a la asignación de diputaciones de RP, “nuestro deber como institución es hacer que impere el marco constitucional”, señaló la Consejera Rita Bell López Vences, quien sostuvo que las reglas para evitar la sobrerrepresentación quedaron previamente establecidas y no es momento de revisar otras propuestas.
“Yo no advierto una laguna normativa que implique que este Consejo General deba de realizar algún otro método interpretativo”, mencionó y aprovechó para llamar a las y los futuros legisladores a no olvidar que deberán representar y trabajar para la ciudadanía en su conjunto y “no para sectores o grupos en particular, sino para el colectivo de una sociedad con múltiples demandas justas”.
El Consejero Jorge Montaño Ventura estimó: “para referir que hay un fraude a la ley, éste debe acreditarse, cosa que hasta este momento no he visto” y apuntó que el Consejo General no puede proponer otra forma de asignación “porque creo que sería violentar la norma constitucional”.
Por lo anterior, se pronunció a favor del acuerdo elaborado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos al considerar que está dictado conforme a derecho y reconoció el trabajo de las consejerías que la integran, de quienes se han sumado y del área técnica encargada. “Es muy válido el debate, lo aplaudo, pero vamos a hacer nosotros como órgano electoral administrativo lo que nos corresponda, apegado a la Constitución”.
El acuerdo por el que se efectúa el cómputo total, declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de RP y asigna a los partidos políticos nacionales las que les corresponden para el período 2024-2027: MC 26, Morena 75, PAN 26, PRI 26, PT 13 y PVEM 20.
En otro punto de la sesión, el pleno aprobó por unanimidad el cómputo total, declaró la validez de la elección de senadurías por el principio de RP, para asignar a los partidos políticos las que les corresponden para el período 2024-2030, y por el que se emite pronunciamiento sobre el procedimiento de asignación de senadurías de representación proporcional: MC 3, Morena 14, PAN 6, PRI 4, PT 2 y PVEM 6.
Finalmente, una vez aprobados los acuerdos correspondientes a las diputaciones y senadurías de representación proporcional, se llevó a cabo la entrega de las constancias de asignación a los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General.