Por Tania Arizmendi
*A pesar de las acusaciones y pruebas en su contra, el fiscal fue dejado en libertad *No aprobó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer ese cargo, lo cual constituye un delito
Coneme / Como parte de las acciones en materia de la política de cero impunidad del Gobierno de México, la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, expuso el entramado de complicidades en torno al caso del fiscal general del estado de Morelos, Uriel “N”, persona sobre quien continúa un proceso penal.
Durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la encargada de la política interior del país explicó que desde el inicio de la gestión del titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos se han presentado hechos en los que ha sido señalado por su deficiente actuación e irregularidades en diversas investigaciones a su cargo.
Ejemplos son los casos del asesinato del activista Samir “N”, en febrero de 2019; el homicidio de dos sindicalistas en el marco de una protesta, mayo de 2020; y el feminicidio de Ariadna “N”, en octubre de 2022.
Asimismo, en abril de 2023 un caso más derivó en un probable hecho de tortura relacionado con el homicidio de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Recordó que Uriel “N” fue nombrado fiscal general del estado de Morelos en febrero de 2018. No presentó los exámenes de control de confianza que la ley en la materia establece para ejercer el cargo; presentó dichas pruebas casi tres años después de haber asumido, en septiembre de 2021, y no aprobó. Ejercer dicho cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza constituye un delito.
Abundó que en diciembre de 2020, a efecto de proceder penalmente en contra de Uriel “N” por la probable comisión de hechos delictivos vinculados a los antes mencionados, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia para retirarle el fuero.
La secretaria de Gobernación señaló que, en mayo de 2021, la Cámara de Diputados desechó la solicitud de la FGR al determinar que el fiscal de Morelos no contaba con fuero en términos del artículo 111 de la Constitución.
Agregó que en octubre de 2021, en contra de la decisión de la Cámara de Diputados, el entonces presidente del Congreso de Morelos, Francisco Erik Sánchez Zavala, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que el titular de la FGR pudiera proceder penalmente en contra del fiscal de dicha entidad.
“El 12 de julio de 2023, casualmente, una semana después de que la fiscalía general solicitara fecha para imputación y vinculación a proceso por diversos delitos haciendo uso de su facultad de atracción, recordemos que la Suprema Corte de Justicia desempolva la controversia que ya llevaba un año 10 meses sin resolver, y finalmente determina que el fiscal de Morelos cuenta con fuero para delitos federales.”
Luisa María Alcalde subrayó que, conforme a la resolución de la controversia constitucional, queda claro que se puede proceder penalmente contra el fiscal de Morelos por delitos del fuero local como lo marca la Constitución estatal.
“Para proceder penalmente en contra del fiscal general del estado por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, no se requerirá la declaratoria del Congreso del Estado, en la que señale si ha o no lugar a la formación de causa.”
Indicó que, una vez resuelta la controversia sobre el fuero de la SCJN, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó tres órdenes de aprehensión por diversos delitos del fuero local relacionados con el caso de Ariadna, debido a que se intentó ocultar su feminicidio aludiendo que había muerto por broncoaspiración y no así por traumatismo craneoencefálico derivado de golpes.
En las tres ocasiones, diversos tribunales colegiados de circuito contravinieron lo señalado por la SCJN al otorgar suspensión para dejarlo en libertad por considerar que contaba con fuero para delitos del fuero local. Asimismo, la Fiscalía Especializada Contra la Anticorrupción (FECC) de Morelos solicitó una orden de aprehensión por el delito de tortura; sin embargo, esa misma noche tuvo que renunciar el propio titular de la institución a causa de intimidaciones y, más tarde, el encargado del despacho se desistió y argumentó el extravío del expediente.
Aunado a ello, el 4 de septiembre de este año con Uriel “N” privado de la libertad, el Congreso local de Morelos aprobó en fast track una reforma para impedir que el fiscal fuera sustituido de manera permanente. “Es evidente que el fiscal de Morelos cuenta con un entramado de complicidades dentro del Poder Judicial federal y también del Congreso del estado de Morelos”.
La próxima semana la Cámara de Diputados, por mandato de la SCJN, deberá determinar y votar si el fiscal debe continuar con fuero o no para que la FGR pueda proceder por la posible comisión de delitos federales; independientemente de ello, la FGJCDMX continúa los procesos penales en su contra.