Por Daniel Gómez Trejo
*El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI aseguró que el Congreso abdica a las facultades que tiene en materia de seguridad, no participa en políticas públicas y se limita a abrir el debate en iniciativas de este tema.
Coneme / El Poder Legislativo debe ser actor fundamental en materia de seguridad con la construcción de políticas públicas, porque la paz es posible, pero se requiere la participación de todos los actores, para evitar que la violencia se normalice entre la ciudadanía, aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez.
Al participar en la Conferencia “Poder Legislativo y Seguridad”, organizada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el líder parlamentario sostuvo que el problema es que el Congreso ha abdicado a las facultades que tiene en materia de seguridad, porque no participa y se limita a abrir el debate a unas cuantas iniciativas que en este rubro se presentan.
En su exposición, el conferencista mencionó la inactividad de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la poca productividad en las comisiones legislativas. También, agregó, que se evita la comparecencia en el Pleno de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
El coahuilense señaló que, en el próximo mes de enero, se avecina una profunda crisis legal dentro de la Guardia Nacional. La resolución de la Corte que declara inconstitucional grandes apartados de la Ley en la materia deja sin sustento la actual estructura jerárquica, presupuestal y administrativa de la institución y hasta la fecha no se han establecido criterios para solventar este dilema
“Falta política de Estado en materia de seguridad, solo se tienen políticas de gobierno y ya no son suficientes”, enfatizó para después puntualizar que al 64 por ciento de la gente le preocupa este tema. Esta percepción, profundizó, queda de manifiesto cuando 52 por ciento de los distritos del país son de alto riesgo, con la posibilidad de que alguien pierda la vida.
Tan solo, expuso, la ciudad de Fresnillo registra un nivel de inseguridad de 92 por ciento; Acapulco, 76 por ciento y Nuevo Laredo, 73 por ciento, y en promedio cada 15 minutos se asesina a una persona. Esto, aseguró, solo confirma que el crimen organizado se está convirtiendo en un enemigo de la democracia.
En el escenario político y electoral, Moreira Valdez, externó que en este sexenio han sido asesinados 212 alcaldes o integrantes de los ayuntamientos. En el proceso electoral de 2021, hubo mil 71 ataques a políticos; en 2022, 122 asesinatos, y en los comicios recientes del Estado de México, 30 asesinatos, con 20 ataques armados.
Con estos sucesos tangibles, consideró, es preocupante que con las facultades que tienen la Cámara de Diputados y el Senado de República, para intervenir en esta crisis de inseguridad, con la creación de comisiones ordinarias y especiales, con el trabajo nulo de la Comisión Bicameral de Seguridad y la supervisión del manejo y uso del presupuesto que se prevé aprobar para 2024, no se hace nada.
En ese sentido, el exgobernador de Coahuila explicó cómo operan los americanos en seguridad con los comités permanentes, especiales, conjuntos, de conferencia, que actúan de manera coercitiva y abren investigaciones, incluso, contra las agencias federales de seguridad.
Por ello, recalcó que el Poder Legislativo debe ser actor fundamental en materia de seguridad, asumir su rol y establecer blindajes institucionales, sin dejar de lado que los gobernadores deben asumir también su responsabilidad.
En la mesa acompañaron al coordinador Rubén Moreira, Víctor Olea Peláez, Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y Arturo Ramos Sobarzo, Coordinador de la Comisión de Derecho Parlamentario.