Por Daniel Gómez Trejo
*La iniciativa de la diputada Páez Güereca (PT) se analizará en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Coneme / La diputada María de Jesús Páez Güereca (PT) presentó reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de establecer mecanismos de consulta y participación en la elaboración de leyes y políticas públicas para este sector de la población.
La iniciativa de Páez Güereca plantea adicionar un párrafo quinto al artículo 4 para señalar que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente ley, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, el Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
Agrega las fracciones XIII, XIV y XV al artículo 5 para incluir a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad; del libre desarrollo de la personalidad y pro persona, y los demás que resulten aplicables, que deberán observar las políticas públicas.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen, también pide reformar la fracción IV del artículo 6 para garantizar la igualdad sustantiva de las personas con discapacidad.
En su argumentación la legisladora Páez Güereca señala que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece la obligación de las autoridades de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad en todos los asuntos que les afecten, pero en México la legislación no contiene de manera clara y específica mecanismos para garantizar el derecho de consulta sobre los temas y problemática que les afectan.
Indica que la falta de mecanismos de consulta en la toma de decisiones legislativas y de política pública profundizan el escenario de discriminación y permean de ineficiencia las medidas adoptadas y establecidas para atender la problemática de este sector de la población.
Asimismo, destaca la importancia de reconocer los efectos positivos de asegurar la integración y participación de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones, a través de las organizaciones que las representan, en todos los procesos de toma de decisiones que les involucren.
Refiere que las personas con discapacidad se han enfrentado a limitaciones y desventajas para acceder a educación, empleo, protección social, salud, cultura, medios de transporte, información, a la vida política, a formar una familia, disfrutar de la sexualidad, ejercer el derecho al voto y disfrutar de la vida social.
Menciona que la principal barrera que padecen las personas con discapacidad son los impedimentos sociales, culturales, económicos, jurídicos y de movilidad que dificultan su plena integración y a menudo se encuentran al margen del ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política.