Por Mario Díaz
*Pensiona el IMSS a derechohabientes inventándoles enfermedades
*Medicina del Trabajo les otorga pensión definitiva a cambio de dinero
*Compañías aseguradoras de gastos médicos mayores registran pérdidas
Coneme / H. Matamoros, Tamaulipas.-Contrario a lo que sucede en los casos de pacientes menores de 60 años que realmente son elegibles a una pensión definitiva por enfermedad o accidente, pero se les niega, existen otros llamados “simuladores” a quienes el departamento de Medicina del Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les inventa enfermedades a cambio de entregar el 60% del seguro de gastos médicos mayores.
En efecto, mientras a unos se les otorga una pensión temporal para que no puedan retirar el Ahorro del Fondo de Retiro (AFORES) y que las instituciones bancarias continúen “jineteando” ese recurso de los trabajadores, a los otros-que poseen seguro de gastos médicos mayores-se les autoriza la pensión definitiva mediante la invención de enfermedades con sustento en diagnósticos y exámenes falsos, a cambio de aceptar el pago del 60% de los recursos que recibirán de parte de la respectiva compañía aseguradora.
Ambos actos irregulares se cometen en esa institución de salud pública a pesar del discurso del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en el sentido de que en el gobierno de la Cuarta Transformación ya no existe la corrupción; la realidad es que la podredumbre permea en el Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del chiapaneco ZOÉ ROBLEDO ABURTO.
Obviamente, existe una red de corrupción que involucra a funcionarios de primer nivel en clínicas y hospitales para enriquecerse con las “comisiones” de las instituciones bancarias que administran los AFORES y, a la vez, abultar carteras inventando enfermedades y defraudando a las empresas que ofertan seguros médicos para gastos mayores.
En Tamaulipas, la doctora MARÍA AZUCENA ROJAS BURGUEÑO quien tiene a su cargo la unidad de Medicina del Trabajo en la delegación estatal del IMSS es quien encabeza la red de corrupción en esa importante área en donde se manejan millones de pesos.
En H. Matamoros, la doctora IRMA EDITH SALGADO HERNÁNDEZ es quien, por un lado, obstaculiza las pensiones definitivas a los derechohabientes menores de 60 años que ya no están en condiciones de reintegrarse a la actividad laboral y, por el otro, inventa diagnósticos y exámenes falsos para favorecer con la pensión definitiva a los “pacientes simuladores”, quienes para ya no trabajar, aceptan la pensión definitiva a cambio del 60% del recurso económico que recibirá de su compañía aseguradora de gastos médicos mayores.
En el contubernio participan de manera activa por interés económico las distintas organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuyos líderes no asumen la defensa de sus agremiados menores de 60 años que viven un verdadero calvario en el trámite de solicitud de pensión definitiva por motivos de invalidez.
El desarrollo de este acto de corrupción es relativamente sencillo: el paciente asegurado de manera privada acude al consultorio de un doctor de apellido ROBLES en el Centro Médico Internacional (CMI)-esposo de la doctora SALGADO HERNÁNDEZ-quien les “sugiere” pensionarse de manera definitiva en el IMSS y cobrar una parte de su seguro de gastos médicos.
Una vez que el “paciente simulador” acepta el trato, el doctor ROBLES lo envía al departamento de Medicina del Trabajo en la clínica 79 del IMSS en donde la titular exige a una doctora sin base (se les conoce como 08) para que emita un dictamen que haga elegible a pensión definitiva al derechohabiente entregándole estudios médicos fraudulentos. Las citas son después de las 16 horas en días hábiles a pesar de que el departamento de Medicina del Trabajo opera solo hasta las 14:30 horas.
Los doctores-con base o sin base-que no se someten a la exigencia de la citada funcionaria del IMSS son puestos a disposición del Departamento Jurídico de la delegación en Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El dictamen es enviado a un hospital de mayor nivel en donde el diagnóstico es avalado con el sustento médico que no corresponde al paciente; posteriormente es entregado en la delegación estatal del IMSS en donde la titular MARÍA AZUCENA ROJAS BURGUEÑO “lo palomea” y autoriza la pensión definitiva.
Cabe señalar que la doctora IRMA EDITH SALGADO HERNÁNDEZ causó alta en la titularidad de Medicina del Trabajo en el mes de junio de 2017.
Por cierto, con la complicidad y apoyo de la subdirectora del HGZ 13, doctora MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ GARCÍA (la doctora de hierro), la doctora SALGADO HERNÁNDEZ favorece a médicos afines con incapacidades no justificadas y asociadas a períodos vacacionales.
Ejemplo: el doctor ALEJANDRO COLUNGA adscrito a la Clínica Plus 39 Palmares en esta ciudad fronteriza, el lunes 17 de julio le fue autorizada una incapacidad médica justo antes de sus vacaciones, por lo que se reintegrará a sus labores hasta el 18 de agosto.
Caba señalar que el doctor COLUNGA tuvo un receso vacacional en el mes de diciembre del año pasado y tras reincorporarse a sus labores por una semana, continuamente solo se presenta a “checar tarjeta” en las horas de entrada y salida, pero no cumple con su obligación laboral.
En contraparte, los profesionales de la medicina que no son del equipo de las doctoras MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ GARCÍA e IRMA EDITH SALGADO HERNÁNDEZ enfrentan una serie de obstáculos para que se les autorice sus vacaciones de ley con el argumento de que “eso no es posible por el momento, porque hay mucho trabajo”.
Claro, claro, claro. ¿La pregunta lógica y obligada es qué hace en Tamaulipas el delegado estatal del IMSS, doctor FEDERICO HÉCTOR MARÍN MARTÍNEZ, aparte de viajar constantemente a su natal Puebla y estancias en la CDMX?
DESDE EL BALCÓN:
I.-Ha trascendido que en los actos de corrupción que se cometen en el área de Medicina del Trabajo en el Hospital General de Zona No. 13 nada hace por impedirlos el director general doctor JOSÉ MANUEL SILVA.
La razón: Prefiere “hacerse de la vista gorda” y administrar a su conveniencia e interés los dos millones 500 mil pesos que recibe mensualmente esa unidad médica para sufragar “gastos varios”.
La triste realidad es que los derechohabientes en muy poco o nada resultan beneficiados con ese subsidio a pesar de que debería invertirse para resolver algunas carencias en medicinas, exámenes de Rayos X o TAC o médicos especialistas, por citar algunos ejemplos.
Ni hablar.