Por Elizabeth Vaca
*La legisladora federal (Morena) indica que dicho código consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros y un régimen transitorio en donde se considera un lapso de cuatro años para su aplicación
CxuNews / Evangelina Moreno Guerra precisó además que establece un régimen transitorio compuesto por 20 artículos en donde se considera un lapso de cuatro años para su aplicación, a partir de su publicación y entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2027.
La legisladora por Tijuana reconoció la importancia de la promulgación del CNPCyF, porque era una deuda que el Poder Legislativo federal tenía con la población y ahora los mexicanos podrán acceder a una justicia más pronta y expedita.
Moreno Guerra promoverá la realización de un encuentro para darlo a conocer y analizarlo a detalle, con la finalidad de que el Código recién promulgado sea difundido entre especialistas, operadores del derecho, servidores públicos, académicos, estudiantes y funcionarios.
«Las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico son de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, tienen por objeto establecer la regulación procesal civil y familiar, con base en los derechos humanos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte», añadió.
Destacó que el nuevo código establece procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares, priorizar la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, para garantizar a operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones, habilidades y destrezas, acorde con los derechos humanos, postulados y principios contenidos en la Constitución.
Entre las novedades y avances para la impartición de justicia que incluye el CNPCyF, ponderó elementos de justicia restaurativa en materia familiar, que implica que las partes reconozcan la existencia de un conflicto, asuman su responsabilidad y participen tanto en la reparación de los daños como en la reestructuración de la dinámica familiar, con excepción de aquellos casos de violencia sexual contra niños y adolescentes.
«En concordancia con los compromisos internacionales por parte del Estado mexicano, se garantiza el respeto a los derechos humanos y se da prioridad a la no revictimización de mujeres, niños, adolescentes en casos de violencia y abuso».
Moreno Guerra señaló que dicho ordenamiento integra un modelo en el que se impulsa el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales, con el fin de unificar criterios y bases normativas para difundir entre la población el ideal histórico del acceso universal a la justicia y equidad en la solución de conflictos.