Por Elizabeth Vaca
Coneme / Solicita el senador apoyo de la ministra Norma Piña Hernández para aclarar los hechos, pues los mensajes fueron enviados de un número telefónico acreditado a ella
El senador Alejandro Armenta denunció ante el Pleno de la Comisión Permanente que recibió una serie de mensajes de un número telefónico, que presuntamente corresponde a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la probable intención de presionarlo, intimidarlo o, incluso, que pretenden amenazarlo por su desempeño como legislador federal.
Informó a la Asamblea que, como presidente del Senado de la República, envió una carta a la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, para solicitarte que verifique los hechos que tuvieron lugar el pasado 16 de mayo, toda vez que Francisco Tapia -quien se acreditó como asesor de la ministra-, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre el senador y la titular de la Corte.
Armenta relató que alrededor de las ocho de la noche de ayer, su secretaria le proporcionó el número telefónico del senador a quien se presentó como asesor de la ministra.
Acto seguido, continuó el legislador, alrededor de las nueve de la noche, recibió una serie de mensajes, presuntamente del número telefónico de la presidenta de la SCJN, “con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito, por mi desempeño como legislador federal; contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna”.
Por lo anterior, y bajo protesta de decir verdad, Alejandro Armenta solicitó el invaluable apoyo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se puedan clarificar formalmente los hechos narrados.
“Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público”.
El senador expuso al Pleno que informa de estos hechos, porque tiene la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo; “y en esa inviolabilidad también me incluyo yo”.
Posteriormente, Alejandro Armenta aclaró que solicitó por escrito que se aclaren los hechos, y de ser ciertos se tendrá que proceder legalmente; pero de no ser ciertos se tendrá que investigar para deslindar la responsabilidad que corresponde.