Por Mar Buendía
*La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) impulsa los cambios legales
Coneme / La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) impulsa una iniciativa para reformar las leyes de Asistencia Social y la General de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de que el personal de asistencia social cuente con certificación.
Las modificaciones a los artículos 111 y 112 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, plantean establecer que el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social deberá contar con comprobantes de certificación, con enfoque en los derechos de la niñez, sobre todo el personal que labora en los Centros de Asistencia Social, con la finalidad de efectuar una labor con una capacitación integral, así como la del director general y representante legal.
Asimismo, que la obligación de los titulares o responsables legales de esos Centros de brindar las facilidades a las Procuradurías de Protección para que realicen la verificación, sea de manera semestral.
Los cambios a los artículos 10 y 28 de la Ley de Asistencia Social señalan que los sujetos de atención tendrán derecho a recibir servicios por parte de personal certificado.
Además, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá la función de promover la certificación del personal encargado de la prestación de los servicios de asistencia social.
El documento, remitido a las Comisiones Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, explica que el objetivo de la certificación es vigilar que los Centros de Asistencia Social cumplan con los estándares de calidad, capacidad y seguridad nacionales e internacionales requeridos, y que cuenten con los mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
También, asegurar el cumplimiento de estándares de profesionalización del personal que brinda servicios a los usuarios de los Centros de Asistencia Social, y supervisar el cumplimiento de los objetivos de calidad integral de los servicios, cuidado y atención que brindan.
La exposición de motivos menciona que en 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculó que existían más de 30 mil niñas, niños y adolescentes en albergues u orfanatos públicos. Actualmente, en México, de acuerdo con cifras oficiales, quedaron en orfandad 131 mil 325 niñas y niños, que perdieron padre, madre o ambos, por causa del Covid-19.
Agrega que “en el aspecto internacional nos encontramos en una falta” a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una de las sentencias dictaminadas dice: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los niños y niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte del Estado. Su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos”.
Por ello, resalta que la protección y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes “es una causa que merece ser la prioridad de las naciones; de ellos depende la estabilidad y progreso de la civilización humana”.