Por Mario Díaz
*Prepara maletas el Fiscal Anticorrupción con sello cabecista *No aprobó los exámenes de control y confianza, según el CNI *A mínima velocidad avanzan las denuncias de corrupción
Coneme / H. MATAMOROS, Tamps.-Todo parece indicar que el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, tiene sus días contados al frente de ese cargo al que llegó por obra y gracia del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.
La sentencia del Juez Séptimo de Distrito JUAN FERNANDO ALVARADO LÓPEZ, del pasado martes, es clara en cuanto al rechazo de la suspensión definitiva, luego del amparo interpuesto ante información surgida del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
RAMÍREZ CASTAÑEDA pretendía evitar que el fiscal especializado en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado continuara con la indagatoria, luego de no haber aprobado los exámenes de control y confianza.
El Fiscal Anticorrupción ocupa ese importante cargo en el organigrama de la FGJE desde septiembre de 2021; sin embargo, al arribo de la nueva administración estatal el general AUDOMARO MARTÍNEZ ZAPATA, director del Centro Nacional de Inteligencia, informó del estatus real de RAÚL RAMÍREZ que lo inhabilita para desempeñar esa responsabilidad.
Si bien es cierto que la sentencia del Juez Séptimo de Distrito determina que el fiscal anticorrupción puede seguir en su cargo hasta que se comprueben las irregularidades, también es cierto que el juzgador otorga el visto bueno para que la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos continúe con la indagatoria derivada de la denuncia del titular del CNI.
En consecuencia, se da como un hecho que el funcionario cabecista será destituido en el pleno de la LXV Legislatura tamaulipeca una vez que finalice la investigación al respecto del Fiscal Especializado en Asuntos Internos de la FGJE, ESTEBAN CONSTANTINO VELASCO SALINAS.
Como es del dominio público, el Fiscal General en Tamaulipas IRVING BARRIOS MOJICA informó de inmediato al Congreso Local del oficio recibido y signado por el General MARTÍNEZ ZAPATA, denunciando que RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA no había aprobado los exámenes de control y confianza.
BARRIOS MOJICA precisó en escrito dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, FÉLIX GARCÍA AGUIAR, que “se advierte que el referido servidor público no cumple con los requisitos que señalan los numerales 24 Fracción VII, y 64 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas”.
Cabe señalar que el todavía Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción ocupó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) en el pasado sexenio, hasta GARCÍA CABEZA DE VACA lo designó fiscal anticorrupción por un período de 8 años, avalado por el Congreso Local.
Como consecuencia del “campo minado” que dejó el gobierno de los “vientos del cambio” a la IV Transformación en Tamaulipas, crecen las diferencias entre la Consejera Jurídica del Gobierno del Estado, TANIA CONTRERAS LÓPEZ, y el fiscal anticorrupción RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.
CONTRERAS LÓPEZ asegura que la Fiscalía Anticorrupción está actuando con suma lentitud en el proceso de las 35 denuncias que involucran a 75 funcionarios del sexenio cabecista.
La Consejera Jurídica lamenta que hasta ahora la Fiscalía no ha citado ha comparecer a los ex titulares de la Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Obras Públicas y Secretaría General de Gobierno entre otros funcionarios de primer nivel que presuntamente incurrieron en irregularidades en el desempeño de su función pública.
En contraparte, RAMÍREZ CASTAÑEDA argumenta que ha recibido oficialmente 17 denuncias por posibles actos de corrupción y que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción está dando seguimiento a las quejas para integrar las respectivas carpetas de investigación.
Y añade: “Se están realizando los actos de investigación correspondientes, con la finalidad de obtener datos de prueba pertinentes y útiles para esclarecer los hechos y en su caso, sustentar el ejercicio de la acción penal en contra de quien o quienes hayan participado en su comisión, procurando que el culpable no quede impune”.
Lo anterior deriva de la detección por parte de la actual administración estatal del desvío de recursos y daño al erario por más de 500 millones de pesos en el pasado sexenio. El asunto lo oficializó el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el 12 de diciembre del año pasado.
Aunque, eso sí, 500 millones de pesos prácticamente son “cacahuates” comparado con el multimillonario saqueo de las arcas tamaulipecas durante los seis años del gobierno estatal panista.
De acuerdo al recurso desviado y los probables responsables podría suponerse que el gobierno de la 4T en Tamaulipas pretende manejar políticamente los actos de corrupción y no necesariamente con la finalidad de castigar a los responsables.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Por considerarlo de interés público y gremial me permito trascribir la opinión acerca de la Libertad de Prensa y Libertad de Expresión de GILBERTO CORTEZ, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, Locutores y Comunicadores de los Estados Unidos (ANPLC USA):
“La defensa y protección de la libertad de prensa y la libertad de expresión son privilegios constitucionales del periodista y de los constituyentes y dicho privilegio exige regirse bajo altos estándares de ética.
Es mandatorio que, por principio fundamental, el periodista intencionalmente jamás incurra en actos de libelo, perjurio, difamación, comentarios infamatorios que atentan contra la verdad y la integridad de personajes entrevistados, políticos o funcionarios públicos.
Toda información, noticias, comentarios y editoriales deben estar sustentados con hechos, testigos, declaraciones, pruebas y evidencias”.