Por Daniel Gómez
*La ley debe reconocer la reparación moral de activistas que se organizaron para democratizar a México y se les debe reconocer como luchadores sociales
Coneme / Diputados y senadores preparan una iniciativa de Ley sobre la Memoria en México -del periodo conocido como la Guerra Sucia de 1965 a 1990-, con la cual se pretende que para el próximo periodo legislativo sea presentada, informó la Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Evangelina Moreno Guerra.
Durante el Foro: “Testimonios y Aportes Rumbo a la Promulgación de una Ley de Memoria en México”, la legisladora del V Distrito de Tijuana señaló que la iniciativa de ley debe reconocer la reparación moral de los luchadores sociales de las décadas pasadas que pelearon por democratizar a México y se debe aclarar que no fueron simples gavilleros, robavacas o delincuentes comunes, sino activistas y luchadores sociales.
Al inaugurar dicho foro, la Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Nestora Salgado García, dijo que el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición de violación de los derechos humanos es una aspiración de un nuevo pacto social.
Ante diputados, senadores y actividades sobrevivientes de la Guerra Sucia, la diputada Moreno Guerra consideró necesario legislar en México para garantizar el derecho a la verdad y a la memoria, porque es una obligación del Estado mexicano y porque los servidores públicos y los legisladores tienen la obligación de garantizar, promover y respetar los derechos de todas y todos, según establece nuestra propia Carta Magna.
En ese sentido, dijo que como primer paso se deben cerrar las heridas abiertas que aún existen del periodo de la Guerra Sucia. Y eso se va a arreglar “con justica y no con un borrón y cuenta nueva”.
Otro factor que está estrechamente relacionado con la aprobación de una nueva Ley de Memoria y acceso a la verdad, es la lucha contra la impunidad. Al respecto, comentó: “Como bien sabemos las autoridades del viejo régimen apostaron al olvido y al desgaste; apostaron a que los sobrevivientes fueran falleciendo para borrar el testimonio, esperando que se difuminara la responsabilidad penal de los actores materiales e intelectuales de los diversos crímenes del pasado”.
Sin embargo, agregó, “hoy se cuenta con la memoria rebelde de las victimas que se han convertido en activistas, que no se han rendido y han contagiado a las nuevas generaciones de la necesidad de no olvidar, de no perdonar, pero esta memoria activa se ha hecho ahora de facto, es decir, sin ley. Ahora estamos en una coyuntura para que por fin se legisle y se haga justicia a todas las personas que han luchado por no olvidar”.
La senadora Salgado García indicó que la Cámara de Diputados, el Senado de la Republica y la Secretaría de Gobernación, se propusieron abrir una discusión con distintos actores, familiares, colectivos, sobre esta época oscura y siniestra de la historia de México, con la finalidad de establecer una ruta y una ley de memoria.
Señaló que este foro se suma a los esfuerzos de reflexión, discusión sobre los acontecimientos del pasado reciente como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura y los tratos crueles que sufrieron los defensores de derechos humanos.
Tenemos memoria en México, comentó: “en la época sucia fue un Estado autoritario que utilizó al ejército y construyó un aparato policial, con el objetivo de eliminar a sus adversarios, bajo el pretexto que eran inducidos por ideas comunistas y socialistas, cuando en realidad eran reclamos de justicia social. En el campo y en la ciudad, en centros de trabajo se vivió terror. La represión masiva y selectiva se organizó contra luchadores sociales, contra un pueblo que exigía derechos sociales”.
Por su parte, Mariana Gómez Godoy, responsable del Área de Memoria y del Sitio de Memoria Circular de Morelia de la Subsecretaria de Derechos Humanos, explico que el proceso para preparar la iniciativa de ley debe de contener cinco elementos: la justicia, la verdad, los procesos de reparación, la búsqueda y la memoria.
En su momento, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes Carmona, dijo que es necesario trabajar para tener el derecho a la memoria pública y el esclarecimiento histórico de cualquier acto violento y de represión. Y consideró necesario continuar con el trabajo de diseñar una infraestructura jurídica que haga de los procesos de memoria un mecanismo para que no se repitan violaciones a los derechos humanos.
“Esta ley de memoria va muy vinculada con una época oscura del siglo pasado, la llamada Guerra Sucia que se vivió en la segunda mitad del siglo pasado, caracterizada por las distintas represiones que iban de militares hasta políticas, con el fin objetivo de disolver los movimientos de oposición política que iban en contra del poder político de esos tiempos”, precisó.
A su vez, el presidente de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, Alfredo Vázquez Vázquez, comentó que la iniciativa de Ley de Memoria en México responde a una deuda histórica y legitima que se tiene con las víctimas por los terribles acontecimientos violentando los derechos humanos y que son una muestra fehaciente de que el neoliberalismo y la clase política se caracterizaron por una falta de humanismo.
“Muy reproblable la Guerra Sucia que implementó el gobierno mexicano en contra de la oposición para acallar las voces críticas. La militarización, la zona de conflicto en Chiapas lo padecimos también a raíz del levantamiento armado de 1994, la matanza de Acteal y un sinfín de actos violentos que se han perpetrado en contra de las personas que piensan diferente”, añadió.
En este contexto, subrayó, la iniciativa de ley pretende garantizar el derecho a la verdad, a la dignidad de las víctimas y a la memoria como elemento central de una sociedad democrática y plural en México.
Por su parte la Diputada La diputada Corina Villegas Guarneros, Secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescentes, quien coordinó la mesa uno de dicho foro, también expuso algunos ejemplos de cómo la violencia política afecta el libre desarrollo de las sociedades democráticas.
La diputada Vanesa del Castillo quien ha estado acompañando todo el proceso que encabeza la Subsecretaría de Derechos humanos de la SEGOB, refrendó el compromiso de las y los diputados federales de mantener el diálogo con las victimas para seguir impulsando de manera conjunta la Ley de Memoria para México.
Los testimoniantes como David Cabañas, hermano de Lucio Cabañas; Catarino Hernández del Campo, representante del Colectivo de Esposas e Hijos Desaparecidos de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez; José Luis Alonso Vargas, ex militante de Los Procesos y de Los Guajiros; Diego Lucero Estrada, Integrante de la Organización Nacidos en la Tempestad, Ana Ignacia (La Nacha) Rodríguez Márquez del Comité 68, los académicos José Enrique González Ruiz, Arturo Miranda Ramírez, Silvia Soriano Hernández, narraron las atrocidades que diversas administraciones públicas en México, principalmente de las décadas de los 60 y 70, cometieron en contra de ciudadanos que exigían una mayor apertura democrática.
Afirmaron que no fueron hechos aislados sino verdaderas campañas de contrainsurgencia enmarcadas en una visión de combate al “enemigo interno”. Los expositores coincidieron en que esos hechos están impunes y que no se deben de olvidar esos crímenes de lesa humanidad para no volver a repetirlos.