Por Daniel Gómez
*El diputado Garza Ochoa (PRI) presentó reformas a la Ley en la materia*El propósito es garantizar que ningún integrante de ese sector se quede atrás en la política de bienestar
Coneme / El diputado José Luis Garza Ochoa (PRI) impulsa iniciativa que reforma los artículos 6 y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de que las autoridades competentes de la Federación, estados y municipios promuevan la creación de una ventanilla única de atención inclusiva para los adultos mayores.
La propuesta, enviada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen, refiere que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los adultos mayores son uno de los sectores de la sociedad más significativos, ya que contribuyen al desarrollo y crecimiento, por lo que se debe poner especial atención en la protección de sus derechos.
En el caso de México, señala que según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de personas de 60 años o más que residían en el país era de 15.4 millones, cifra que representa 12.3 por ciento de la población total.
Resalta que si bien la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores ha sido reformada en los últimos años no ha logrado combatir el abandono, la negligencia y la discriminación en la que cotidianamente viven en su día a día, y la irrupción de la pandemia ha aumentado de manera sostenida los actos de no respetar sus derechos humanos.
Ante este panorama, surge la necesidad de revisar el marco legal vigente para garantizar que ninguna persona adulta mayor en el país se quede atrás en la política de bienestar.
Apuntó que con la reforma se pretende evitar las escenas cotidianas de ver a las personas adultas mayores, durante horas y bajo el rayo del sol, en espera de sus tarjetas de apoyo social, de la resolución de algún trámite que les permita identificarse o acceder a beneficios sociales, o simplemente a recibir la ayuda indispensable que les permita seguir adelante en la construcción de su incierto futuro.
“Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, destaca.
Considera que un derecho humano fundamental es el derecho de las personas adultas mayores a vivir una vida digna y decorosa, con acceso a servicios públicos de calidad, de forma eficiente, que les ayude a resolver sus necesidades más apremiantes.