Por Carlos Mauricio Hernández
Coneme / Con los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), un juez de control dictó auto de vinculación a proceso a dos servidores públicos, por la probable comisión del delito de abuso de autoridad agravado, registrado en julio de 2020.
El representante social, adscrito a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, llevó a cabo las indagatorias correspondientes que le permitieron formular la acusación contra los ahora imputados, y tras analizar los datos de prueba expuestos, el juzgador determinó llevarlos a proceso y fijar el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Como medidas cautelares, el impartidor de justicia les impuso, a cada uno, la firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares; la prohibición de acercarse y comunicarse por sí o por terceros a las víctimas o por cualquier medio tecnológico, así como el cambio de área de trabajo y que se les asigne una función distinta para que no realicen funciones de vigilancia o patrullaje en la calle.
De acuerdo con las indagatorias de la FGJCDMX, los hechos se registraron en calles de la alcaldía Iztapalapa, donde los servidores públicos, al desempeñarse como policías preventivos, posiblemente agredieron a tres personas, dos ellas menores de edad.
La FGJCDMX reitera que no tolerará conductas al margen de la Ley en las que puedan estar relacionados servidores y servidoras públicas, por lo que refrenda su compromiso de investigar y sancionar este tipo de ilícitos, a fin de evitar la impunidad.
A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita.