Por Alberto Woolrich
Coneme / Empecemos diciendo que dentro de las enseñanzas de Eurípides encontramos aquella en la que nos dice que: “El atropellador de toda ley y que a todo se atreve y todo transforma y confunde sin atender a la justicia, ese hombre será al fin abatido”.
En lo personal he sostenido en innumerables colaboraciones a éste importante medio de comunicación que una de las cuestiones más inquietantes de ésta época política y de todos los tiempos es eso que denominamos justicia.
La justicia atañe a todo México. Nada puede haber más sano y más coherente que el respeto definido que nuestros funcionarios le deben a la justicia, a las normas en las que no sólo creemos, sino que se han convertido a través del tiempo en el escudo lineal contra las agresiones latentes y vigentes de todo fenómeno de corrupción, pero especialmente de aquellos actos de impudicia de togas que se amparan con el cargo de agentes del ministerio público, fiscales, jueces o magistrados –aún cuando existe la excepción de togas de decoro–, el reclamo sigue siendo único: Basta ya de tanta inmundicia, de tanta arbitrariedad, de tanta falta de probidad en el entorno de procuración e impartición de justicia.
Desde la época del neoliberalismo, la Abogacía Independiente de la República ha reflexionado sobre el tema toral de la vida jurídica de nuestro México, buscando desentrañar el profundo significado de la justicia que dicen impartir ciertas togas de bascosidad y no lo hacen por hacer valer sus criterios erróneos como lo son la incorrecta interpretación de la ley, la inaplicación del derecho, la sumisión a las ordenes inconducentes emitidas por el Poder Ejecutivo, el abuso de autoridad, la impunidad, la complicidad y complacencia del Poder Judicial Federal hacia ciertos actos equívocos en la manera de impartir justicia, la traición a la Constitución, la inseguridad, la injusticia, la carencia de principios básicos y éticos en esas togas de indecencia.
El resultado de éstas reflexiones, se sintetiza en éstas breves líneas, sobre el siempre vivo, lacerante y polémico tema de la injusticia.
Afirmó en su momento Luis Cabrera, el creador de la obra “La Misión Constitucional del Ministerio Público” respecto a las actuaciones de esos ministriles indecorosos, de esos representantes sociales corruptos lo siguiente: “acometen al mundo entero sin más ley que su capricho, ni más miras que el dinero que se queda entre las hojas de un cuaderno de actuaciones…. Pues debiendo hacer justicia son tan poco justicieros…. Y en prisión están los inocentes y en la calle los bribones”.
Por todo ello, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., no considera ni útil, ni prudente para nuestra Patria que se siga sosteniendo en sus encargos a esos ministriles de justicia corruptos y consecuentemente no entiende el porqué Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Primer Magistrado de la Nación siga tolerando tanta corrupción en el ámbito de procuración e impartición de justicia, será que por no ser justo, sino sólo un político ignorante de temas de justicia, obsecuente y afín a los inconfesables intereses del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero.
En cualquier confín de la Nación se encontrará substancia de actos de corrupción de Representantes Sociales y Órganos Jurisdiccionales.
México abriga la esperanza de que estas líneas de la experiencia profesional sean de utilidad, para quien tenga los tamaños de varón de combatir la corrupción en el entorno de justicia.
Al respecto son aplicables los pensares de Aristóteles: “La verdadera garantía de un buen gobierno consiste en vigilar la ejecución de las leyes y no permitir nunca la mínima infracción. Toda pequeña infracción es insensible, pero éstas transgresiones son como los pequeños gastos que, multiplicándose, llevan a la ruina. Inicialmente no se perciben, pero por tal causa es necesario acabar con el mal en su origen”.