Por Mauricio Hernández
*Rafael Olvera Amezcua está acusado de defraudación fiscal equiparable, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros*Es presunto responsable de defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores, con alrededor de 7 mil millones de pesos, pero también a instituciones gubernamentales*Desde marzo del 2015, diputados de Morena presentaron Punto de Acuerdo para profundizar en la investigación y sancionar a más cómplices de dentro y fuera de la financiera
Coneme / La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), obtuvo un auto de vinculación a proceso y cuatro autos de formal prisión en contra de Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de FICREA.
El 2 de marzo pasado el gobierno de Estados Unidos deportó a México a Olvera Amezcua, quien fue entregado a elementos de la Agencia de Investigación Criminal en la frontera de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Rafael “O”, a través de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) denominada FICREA S.A. de C.V., probablemente defraudó a cientos de ahorradores, personas físicas y morales que aportaron sus recursos a FICREA y una vez hecha la captación de recursos, realizó la triangulación de estos con sociedades anónimas, lo que provocó la quiebra de la SOFIPO FICREA y el daño patrimonial consecuente a sus ahorradores.
En lo que tiene que ver con el proceso con la FECOC, en audiencia, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, dictó auto de vinculación a proceso por la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, al haber consignado en la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal 2013, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos; se decretó la prisión preventiva justificada, así como un periodo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.
Por lo que tiene que ver con los procesos a Rafael «O», en la FEMDO, se tiene lo siguiente:
El Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México le emitió auto de formal prisión por la probable responsabilidad en la simulación de operaciones que resultaron en perjuicio de FICREA y por adquirir recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que procedían de actividades ilícitas.
En diverso proceso, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, le dictó auto de formal prisión por presuntamente intervenir directamente en operaciones de simulación que resultaron en el quebranto o perjuicio de FICREA.
Por otro lado, el mismo Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en diversa causa penal, emitió auto de formal prisión en su contra por ser probable responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (por probablemente haber transferido recursos del territorio nacional al extranjero) y por el delito de delincuencia organizada.
Finalmente, el 6 de abril de 2022, en otra causa penal, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, emitió auto de formal prisión por la omisión del registro de las operaciones efectuadas por FICREA en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que alteraron los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones, afectando la composición de activos y pasivos.
Diputados de Morena presentaron punto de acuerdo en 2015
Desde marzo del 2015, en la LXII, en un punto de acuerdo presentado por los entonces diputados Ricardo Monreal y Alfonso Durazo sostuvieron que la sociedad financiera popular Ficrea captó recursos del público ahorrador, por la cantidad de 6 mil 200 millones de pesos ofreciendo con engaños, mala fe y con dolo, tasas de interés muy atractivas; promoviendo y abriendo oficinas captadoras en las principales ciudades de la república y ofertando “sus servicios financieros” en forma pública y a través de medios de difusión de comunicación masiva.
“De esta manera, creó empresas subsidiarias “Leadman Trade” y Baus and Jackmam”, a donde destinó y derivó los recursos de los ahorradores, y fueron éstas sociedades quienes otorgaron créditos y préstamos a terceros, sin mayor control ni vigilancia de las autoridades financieras. Reconocido por las autoridades, Ficrea defraudó 2 mil 700 millones de pesos, que fueron desviados por su director y principal accionista el señor Rafael Olvera Amezcua, a la compra de autos de lujo, y bienes inmuebles en México, Estados Unidos y España, en forma personal, para su familia, por medio de prestanombres y a través de empresas creadas de exprofeso en esos países”.
Destacaron también en la misma fecha que la poco profesional y tardía intervención de las autoridades financieras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, por medio de su presidente Jaime González Aguadé, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), por medio de su director Mario Alberto di Costanzo Armenta y la Secretaría de Hacienda, permitieron que el fraude se realizara progresivamente durante años y que finalmente se consumara-
“Y de esa forma dejar en el desamparo a miles de ahorradores, en su gran mayoría personas de clase media, que tenían ahí invertidos la totalidad de su patrimonio y que corren el riesgo de no recuperarlo”.
Más adelante, además de los exhortos dirigidos al expresidente Enrique Peña Nieto para actuar con rigor además de medidas para resarcir daños, en el punto de acuerdo se dice textualmente que en esas fechas el titular de la CNBV, González Aguadé, en su comparecencia ante la 3a Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, admitió que los activos asegurados y confiscados a Ficrea al momento de realizar la “intervención gerencial”, consistentes en contratos de arrendamiento financiero con sus empresas subsidiarias por 3 mil 200 millones de pesos, 28 bienes inmuebles, y 234 automóviles, un fideicomiso irrevocable en garantía por 200 millones de pesos, además de mobiliario, no alcanzan para pagarles a los ahorradores defraudados; identificando un quebranto de 2 mil 700 millones de pesos en su perjuicio y daño patrimonial.
“Estos sucesos afectan la credibilidad en nuestro sistema financiero y en sus autoridades responsables de vigilar su sana y legal operación, por lo que no podemos permitir que nuevamente se repitan en México estos actos de defraudación colectiva, al amparo de la incapacidad, ineficiencia e irresponsabilidad de nuestras autoridades financieras”, puntualizó.
Se debe reformar la legislación actual, se debe de legislar urgentemente, para contar con un marco normativo eficaz que realmente proteja en forma efectiva y oportuna a los ciudadanos, en contra de los actos fraudulentos de personajes como Rafael Olvera Amezcua y demás cómplices, que están escondidos y gozando de su fortuna mal habida en el extranjero.
Es necesario que se impongan responsabilidades y penalidades amplias y severas a los funcionarios de la administración pública, que intervienen y son responsables de la vigilancia y supervisión de la operación y administración de estas sociedades financieras y que por acción u omisión solapan o permiten este tipo de fraudes masivos, acota el punto de acuerdo de tal fecha