Por Emilio Durán
*Es momento de analizar con mucha seriedad y responsabilidad lo que pasó ahí en los últimos 19 meses, y evitar que se repita
Coneme / El día de ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió, formalmente, de parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, la posesión legal de las instalaciones que se encuentran en la calle República de Cuba No. 60, que el pasado viernes 15 de abril fueron recuperadas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del la Ciudad de México.
Al edificio, que durante el fin de semana permaneció resguardado por integrantes del grupo Atenea de la SSC, acudió personal de este Organismo Nacional para realizar una revisión integral del inmueble y documentar el estado en que se encuentra.
No se encontraron, por cierto, los documentos y expedientes de víctimas, del área de quejas, que nunca se nos devolvieron y que sus mismas ocupantes decían estaban resguardados por ellas en el lugar, lo que lamentamos y exponemos ante la opinión pública, toda vez de que se trataba de quejas de ciudadanas y ciudadanos que todavía esperan justicia y verdad, cuyo seguimiento se trastocó, pero que nos comprometimos desde el mes de septiembre de 2020 a ir desahogando con las y los quejosos, en un esfuerzo conjunto por rehacer los expedientes.
Encontramos, eso sí, infinidad de objetos y materiales que no corresponden a la motivación de la toma de las instalaciones, esto es para la defensa, promoción y protección de los derechos de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, tales como botellas de bebidas embriagantes y otras con material inflamable; cohetones y bombas molotov; marihuana; instructivos para fabricar bombas caseras, así como para sembrar marihuana; listados de donantes y personas y organizaciones que apoyaban a quienes consumaron el despojo, y múltiples reproducciones de un documento emitido por la Dirección General de Gobierno el 1 de junio de 2021.
Del mismo se desprende que se garantiza la permisibilidad de cualquier acto dentro del inmueble y en sus inmediaciones, documentos que permanecen en custodia de la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos.
A partir de la revisión realizada, se hizo evidente que el edificio requerirá de un proceso de limpieza, recuperación y mantenimiento profundos para que, una vez realizados, la CNDH pueda cumplir su compromiso de que dicho espacio sea convertido en un lugar de atención a víctimas, principalmente mujeres, y de recepción de quejas, tal y como se acordó con las víctimas que en un principio acudieron en busca de ayuda al edificio hoy recuperado, que lo ocuparon en el mes de septiembre de 2020 por espacio de 18 días, después de los cuales se retiraron para trabajar con esta Comisión Nacional en la resolución de sus quejas.
Este es un momento propicio para la reflexión colectiva. Las libertades públicas son un bien social que costó mucho obtener, y por lo mismo, pertenecen a toda la sociedad. Una de esas libertades, fundamental para todo Estado democrático, es el derecho a la protesta social. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo en nombre de ella se cometen abusos, infracciones y delitos, uno de los peores, quizá, el de usarla para vulnerar las libertades, y, lo peor, para desprestigiar a la propia protesta social.
Esta Comisión Nacional hace un llamado a los movimientos, organizaciones y ciudadanas y ciudadanos, que seguramente tendrán muchas razones para protestar y manifestarse, pero también a las autoridades, para que defendamos y reivindiquemos ese derecho.
La Corte Interamericana ha reconocido que la protesta debe ser entendida “no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”, cualquiera sea la modalidad de la protesta; los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de
Dejamos constancia, sobre todo, de que intentamos el diálogo y los acuerdos con las ocupantes sin ningún resultado. Ahora es claro que no les interesaba y que durante ese tiempo se usó y abusó de lo que pretendió vestirse de “protesta social” y de una supuesta condición de víctimas, desde la cual se pretendió crear una ínsula de impunidad en el corazón mismo de la ciudad que nada tenía que ver con la defensa de los derechos humanos, ante la complacencia de personas, líderes partidistas, funcionarias(os), legisladores(as) y hasta al menos una organización internacional, que además de financiar, encubrían lo que ahí pasaba a espaldas de la ley, en nombre de las víctimas; unas víctimas que, como ha quedado dicho, no estaban en el inmueble desde hace mucho tiempo, porque lo fueron abandonando, ante los intereses que se anidaron en el grupo que consumó el despojo y que convirtió el lugar en un foco de delitos.
En nombre de las víctimas, para luchar por los derechos humanos, es válido todo. La historia nos da cuenta de innumerables ejemplos. Ahí está el de Rosario Ibarra de Piedra y el grupo de madres hace más de 40 años, y el de los muchos colectivos de madres de desaparecidos que hoy mismo trabajan en todo el país en defensa de los suyos, pero que nunca, jamás rompieron o han roto un vidrio, ni destruido bienes públicos o inmuebles, que sería lo de menos, sino que nunca simularon una causa para violentar la ley.
Respecto a la situación legal de las personas detenidas durante la recuperación del edificio, la CNDH informa que mantiene comunicación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ha verificado que su proceso se realiza sea conforme a la ley y en estricto apego a sus derechos humanos, los que siempre defenderemos, esperando que la investigación ahonde en el origen de estos lamentables hechos que agravian no solo a esta Comisión Nacional sino a toda la sociedad.
Actualmente, el edificio recuperado se encuentra bajo el resguardo de personal del Servicio de Protección Federal, y una vez que se cuente con mayor información y detalles de los daños cuantificados se harán de conocimiento público.