Por Alberto Woolrich Ortíz
Coneme / En esta Cuarta Transformación de la Nación, no obstante el tiempo transcurrido desde que tomó posesión como Presidente Constitucional
Andrés Manuel López Obrador, no se ha dado el caso de que Alejandro Gertz Manero intente, procure o pretenda empezar a esclarecer algunos hilos básicos de la trama de la narco-política, somos muchos los mexicanos que consideramos que se le sigue brindando impunidad y complicidad al mayor delincuente producto del neoliberalismo, quien desde los adentros de los aparatos de justicia del estado decidió organizar criminal e inconstitucionalmente el descenso de aviones cargados de clorhidrato de cocaína, procedente de Colombia, argumentando siempre una recia y estúpida razón de estado, dirigida como siempre, contra la justicia y el Estado de Derecho, convirtiendo
en tolerado el referido engendro del que muchos se alimentan para costear sus campañas electorales.
Pese a ello son muchos los medios de información e investigadoresque claman con severas denuncias y señalamientos contra aquellos obstáculos institucionales que le impiden a México conocer la verdad y entre esa certeza se encuentra el caso de la narcopolítica.
Andrés Manuel López Obrador, debe de estar plenamente consciente de tal desajuste y no obstante de ello da continuidad a su errónea política de “abrazos y besos”, sin embargo con dicha manera de pensar no se percata de la pérdida de prestigio democrático que adquiere.
La Fiscalía General de la Nación, que en teoría debería ser defensora y sostenedora de los principios de legalidad y objetividad, tristemente con esa inanición y debilidad se transforma en cómplice del principio de dependencia del poder del narcotráfico, quien es el que verdaderamente rifa, domina y administra a un gran número de funcionarios de esa dependencia al adherirse a esa cadena de tributos e inmunidades al estúpidamente sostener que no existen pruebas para dar inicio a esa investigación. Alejandro Gertz Manero carece de la necesidad de defender a esos narco-polīticos en los albanales de la Fiscalía General de la Nación. El Estado de Derecho se defiende con la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, no se requiere como defensa del Estado de Derecho bajar a la “fontanería” de las instituciones; en lugar de defender como se debería, la honra de México.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C., hace votos porque Andrés Manuel López Obrador deje atrás esos polémicos conceptos que solo dañan la integridad de nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cuál nos conducirá a avizorar a un País en que el estiércol jurídico no sea más que una circunstancia, argumento y razonamiento del neoliberalismo y no el desideratum de nuestro destino.