Por Carlos Mauricio Hernández
Coneme / El pasado 17 de noviembre, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostuvo un encuentro con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, con motivo del cual manifestó diversos señalamientos y observaciones. Fue una reunión muy provechosa y enriquecedora, en la que se abordó, sobre todo, la magnitud del reto que nos plantea el grave problema de la desaparición forzada en México, y la necesidad de entablar un esfuerzo interinstitucional que permita rebasar lo meramente normativo -que con frecuencia se queda ahí, en lo declarativo-, para pasar a la potencialización de las acciones.
Retomando ese ejercicio crítico y autocrítico constructivo, derivado desde luego de reclamos de las víctimas, la CNDH está en posición de reiterar que enfrentamos, en efecto, una debilidad institucional para atender la crisis de desapariciones, y también que para superarla, es necesario hacer muchos cambios en los esquemas heredados y en la suma de esfuerzos interinstitucionales, que implican establecer un marco normativo mínimo idóneo, concretar el reporte nacional de personas desaparecidas y no localizadas, así como la creación -pendiente también de concretarse-, del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, entre otras muchas cosas.
También se dijo en esa reunión, y es menester reiterarlo, que la propia Comisión Nacional asume su corresponsabilidad en este círculo vicioso de impunidad-repetición; que por eso estamos transformándola, en particular su Programa institucional de Personas Desaparecidas (PERDES); pero que además estamos listos para trabajar, en conjunto con autoridades, para hacer cada quien nuestro mejor esfuerzo para cumplir nuestras tareas.
Esta CNDH conoce, y además ha acompañado desde sus procesos de creación, las acciones emprendidas por el Gobierno Federal, como la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y desaparición cometida por particulares, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no localizadas y localizadas, así como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, pero debemos estar conscientes de que el hecho de que exista todo esto en el papel, no garantiza su funcionamiento. Y ese es justamente el reto que, además, es compartido.
Este Organismo Constitucional Autónomo reitera a la Secretaría de Gobernación, y a todas las víctimas, su compromiso para trabajar de manera coordinada en el impulso, mejora e implementación de la normatividad y las políticas públicas en materia de desaparición forzada, con el objetivo primordial de atender a las víctimas de desaparición en México, en sus demandas de justicia, verdad, reparación, construcción de memoria y garantías de no repetición.
La CNDH no confronta, propone. Vamos a sacar provecho de este aparente debate para apurar una reunión, de todas las entidades públicas corresponsables en el tema apremiante de la desaparición forzada, para revisar entre todas, y acordar juntas nuevas y más eficaces rutas de respuesta y solución, a la altura del tamaño del reto que tenemos.
Se comparte el mensaje completo pronunciado por la presidenta de la CNDH en el encuentro del 17 de noviembre con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
¡Defendemos al pueblo!