Por Carlos Mauricio Hernández
-Las víctimas resultaron lesionadas durante las manifestaciones realizadas en junio del año pasado, por el fallecimiento de una persona en esa entidad
Coneme / La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 82/2021 al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ante las detenciones arbitrarias realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de ese estado, en las que resultaron lesionadas personas manifestantes los días 4, 5 y 6 de junio de 2020.
La CNDH inició un expediente de queja, mediante acuerdo de radicación de oficio y atracción del caso, luego de que los medios de comunicación informaron sobre varias personas que fueron detenidas al manifestarse por el fallecimiento de una persona que se encontraba bajo custodia de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Las pruebas recabadas por este Organismo Nacional permitieron acreditar que personal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco incurrió en uso excesivo de la fuerza, al llevar a cabo la detención de las personas manifestantes y en dilación para ponerlas a disposición de la autoridad competente. Asimismo, fueron omisas al no implementar acciones de control de multitudes, ocasionando con ello que se coartara el derecho a la libertad de expresión.
Por otro lado, constató la responsabilidad de agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal en diversas lesiones infligidas a las víctimas, a quienes además vulneraron sus derechos a la libertad personal al detenerlos de manera arbitraria en las inmediaciones de esa dependencia; así como a la libertad de reunión, asociación y expresión, toda vez que su retención impidió que participaran en la marcha efectuada el 5 de junio.
Ante la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, integridad, seguridad personal, de reunión, asociación y libertad de expresión, la CNDH solicita al gobernador de Jalisco ofrecer una disculpa pública por las detenciones arbitrarias y agresiones físicas; coordinarse con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para reparar integralmente los daños causados a quien por derecho corresponda y otorgarles atención médica y psicológica.
Asimismo, colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación iniciada por este caso, aportando las evidencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos; coadyuvar con la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción de la entidad para la integración de las carpetas de investigación correspondientes; además de dar seguimiento a la queja que este Organismo Autónomo formule ante la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, a fin de deslindar responsabilidades por las violaciones a derechos humanos cometidas.
Finalmente, deberá solicitar la impartición de un curso de capacitación a agentes investigadores de la Fiscalía local sobre seguridad jurídica, legalidad, integridad personal y libertad de reunión, tratándose de manifestaciones, y otro más dirigido a personal de la Secretaría de Seguridad sobre derechos humanos, así como requerir la revisión de sus protocolos de actuación para control de multitudes.
¡Defendemos al pueblo!