Por Alberto Woolrich
Coneme / Confucio, el más grande ser pensante de todos los viejos, nuevos y futuros tiempos, lo dijo de forma muy clara: “Cuando alguien pone el dedo en la llaga, sólo los necios y los cobardes desprecian la llaga y acusan al dedo”.
Entremos al tema que nos atañe:
El mal llamado “derecho de gracia” concedido por el neoliberalismo a la narcopolítica y consentido por ésta Cuarta Transformación de la Nación es una supervivencia de las épocas en que el soberano absoluto era el máximo gobernante, supremo juez y mayúsculo legislador. El ejercicio de la acción penal a fin de sancionar al delincuente, su juicio, su pena y el perdón, eran exclusivos atributos del monarca, éste desde su elevado sitial, era el único que podía ejercer ese poder de manera libre y a su total capricho bien fuera para fines de índole político, bien para dar pan y circo a sus súbditos o bien para satisfacer a su meretriz en turno.
A muchos de los togados de ésta República no nos parece cien por ciento razonable que en el Derecho de la actualidad, se contemple y acepte, sin más, la permanencia de ésta inequidad. Ello representa desde un punto de vista de la cultura jurídica un severo atentado en contra del principio de separación de poderes en cuanto a la intromisión o invasión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. No en vano “indultarse” significa “entrometerse”.
En la realidad, que México vive en ésta Cuarta Transformación de la República, nuestro Poder Ejecutivo actúa en el caso de la narcopolítica como Poder Judicial y Poder Legislativo, al “decretar” los “abrazos” y “besos” a la delincuencia y esas absurdas “decretales” han quedado firmes en virtud de la decisión de perdonar a esos delincuentes pertenecientes a la proterva hermandad del poder y del delito.
México anhela justicia, pide justicia, exige justicia y si ese proceso para sancionar a los responsables no se da, agotando los recursos e instancias y vigilando el respeto a las garantías constitucionales que la Nación merece, el Ejecutivo en nombre del Rey seguirá concediendo un ridículo y estúpido indulto a esos narcopolíticos hasta hoy impunes, indulto o perdón que no ha sido ni razonado, ni motivado por Órgano Jurisdiccional alguno, ni mucho menos legislado por el Congreso de la Unión. Cualquier estudiante de nuestra muy querida facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y/o de cualquier Universidad de la Nación ha sido instruido en el sentido que el indulto
en comento, solo es una forma de arbitrariedad, de ignorar la ley, de desconocer el derecho, dado que ese perdón concedido con los “abrazos” y “besos” no se encuentra sometido a ninguna norma preestablecida, ni mucho menos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, jamás, nunca podrá aducir a favor de sus “abrazos” y “besos” razones encajables en la ley ni en nuestra tradición democrática, por ello tiene que reparar, enmendar Ipso Facto su ocurrencia ilegítima.
México lo espera.
Es cuanto.