Por Andrea Estévez
-El diputado García Hernández (PT) propuso adicionar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
-Considera impostergable abatir la brecha de oportunidades para dicha población
Coneme / Con el objetivo de establecer que en locales de concurrencia pública las personas con discapacidad cuenten con el apoyo de especialistas en diversas formas de comunicación para su auxilio y orientación, el diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) propuso adicionar una fracción V al artículo 8 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Para lograr ese propósito, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como los gobiernos de entidades federativas y municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social. En la iniciativa, enviada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se destaca la necesidad de tener mayores opciones de asistencia en apoyo a este grupo de población.
Menciona que se requieren políticas públicas e iniciativas que procuren la atención de las personas con discapacidad, donde se les garantice, entre otras medidas, accesibilidad física y sensorial a la debida y acertada información, a oportunidades de trabajo, de salud y de educación, entre otras garantías a las que tienen derecho, en pro de su participación e integración. Las personas con discapacidad, relata, al estar limitadas por su condición física y sensorial, requieren de ser atendidas con infraestructura de servicios y de asistencia personal, entre otros beneficios, que les ayude en su acceso a mayores oportunidades de integración.
Indica que la segregación, etiquetamiento, desacreditación y exclusión que viven y que las lleva a ser marginadas, tiende a agravarse ante el hecho de que algunos servicios públicos y privados, como la educación, el transporte y lugares de empleo, entre otros, así como demás actividades de la vida social, no estén precisamente pensados y diseñados para ellas en igualdad de condiciones. Dichas prácticas, expone, constituyen una abierta violación a los derechos humanos y dada la irregularidad que representan, es necesario revertir.
Conforme al Censo de Población y Vivienda de 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay en México 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa el 4.9 por ciento del total de la población del país, 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres, precisa. Indica que es impostergable abatir la brecha de oportunidades para las personas con discapacidad, de suerte tal que este grupo de población pueda ejercer sus derechos a plenitud y que los obstáculos que prevalecen en razón de condiciones físicas, psicológicas y conductuales, no sean más una barrera que les limite su acceso a la integración y el desarrollo que deben ser por igual, comunes a todos.