Por Alberto Woolrich
Coneme / En las actuales circunstancias por las cuáles atraviesa México, en cuestiones de justicia y seguridad, con tantos y tan variados conflictos reales, potenciales y jurídicos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial Federal, con tantas perturbaciones institucionales, con tan graves desconfianzas de la ciudadanía, las cuáles se incrementan día a día en tópicos y razones de justicia, los cuales resultan escandalosos, deprimentes y antijurídicos, hay que decir que ninguna Fiscalía de la República tiene por misión constitucional velar por la “dignidad, integridad o libertad” de quienes se dedican al despreciable ejercicio de la “narcopolítica y corrupción de la justicia”. Por no entender ni comprender ello nuestra justicia, en ésta Cuarta Transformación de la Nación, se encuentra inerme, menguada, desprestigiada, violada.
La forma de velar por esa “dignidad de la narcodelincuencia”, convierte a nuestra Fiscalía General de la República en una Representación Social de indignidad al boicotear por todos los medios a su alcance la investigación formulada en contra del neoliberalismo que propició la intromisión de la narcopolítica en el medio. La que fuera la Procuraduría General de la República sólo veló por lo que ahora velan. Para que no quepa duda alguna (si es que alguna puede caber aún), sobre el sentido de la indignidad a la cuál refiero, basta acudir a los archivos de esa Garante de la Sociedad a fin de percatarse de esa indigna realidad CUM IMPII SUMPSERINT PRINCIPATUM, GEMET POPULUS.
Si nos remontamos a épocas muy pasadas Platón, en su República, escribió: “A algunos de la justicia se les envuelve en una misma desconfianza, como síntoma revelador de su enfermedad moral”. A Alejandro Gertz Manero le falta un escrúpulo moral para investigar la causa de la narcopolítica y corrupción. La injusticia y vejación ha envenenado a su Fiscalía. No hay espectáculo más triste que el que ofrece la Garante de la Sociedad al negarse a investigar lo obvio, ahí evidencia su inequidad y mal derecho, ahí pretende desconocer la verdad.
Ahora la Academia de Derecho Penal reitera su reclamo, para que en éste asunto criminal se respete el derecho y por sobre todo que se vele por los intereses de la sociedad, por los intereses de la justicia, por los intereses de México y que en un justo castigo se sancione a aquél autor del crimen y de los delitos que han acarreado desolación, trastorno y ruina para nuestro México, no importando que muchos de sus funcionarios puedan ser salpicados con el estiércol.