Por Crispín Barrera Ponce
Coneme / ¿Qué tal? Un saludo a todos y a todas quienes amablemente nos acompañan en este Foro Virtual Latinoamericano de Legisladores Ambientalistas, que acertadamente co-organizan la Universidad de Morón, de Argentina y el Centro de Estudios Integrales de Innovación y el Territorio; a quienes agradezco la invitación y especialmente al doctor Ramón Ojeda Mestre.
Quiero ser enfático en la palabra acertadamente, no sólo al referirme al esfuerzo de conjuntar un Foro como este, en un contexto de pandemia; sino también porque justo el impacto del COVID-19 a nivel global ha demostrado que el combate contra el cambio climático requiere de la responsabilidad, fuerza y compromiso de todos y todas. Hoy más que nunca, la humanidad debe enfrentar la que sigue siendo su mayor amenaza, a lo que algunos especialistas en el 2018 en el Panel Internacional sobre Progreso Social, se han referido como un colapso climático. Por ello, es de suma importancia dejar de pensar en el futuro lejano y tomar acción hoy, en el presente.
La serie de riesgos derivada de los efectos del cambio climático que, como sociedad ya estamos resintiendo: la deforestación, la escasez de agua, la seguridad alimentaria, los efectos en la salud y el incremento de la migración forzada; son sólo algunos indicadores que muestran la necesidad imperiosa e ineludible de armar, de iniciar acciones para contrarrestar el calentamiento global y que se requiere de soluciones en comunidades globales y multinacionales, que articulen a todas las voces.
Hay que reconocer que se están realizando esfuerzos, con la presentación por parte de la Unión Europea, del plan a nueve años para un futuro descarbonizado y lo que esto significa en cuanto a las negociaciones con el sector industrial, para lograr esta transición histórica hacia una economía verde. En este sentido, tampoco se debe perder de vista que aunque estamos hablando de un problema global, los impactos del daño medioambiental son inequitativos y afectan de manera distinta a cada país, para que las soluciones deban de ser compartidas globalmente.
Por ello, la responsabilidad de los tomadores de decisiones no sólo es escuchar, sino actuar exigiendo de inmediato acciones concretas, necesarias e impostergables contra el calentamiento global, que convierte en conceptos fundamentales como la justicia climática, que es una realidad y que exige que todos asumamos con responsabilidad esta posibilidad de una acción con justicia. Sin duda, el Poder Legislativo es un actor esencial hacia el bienestar, hacia el medio ambiente. Por eso nuestro trabajo al entablar un diálogo proactivo de parlamento abierto hacia proyectos y reformas de ley, relacionados con la preservación del medio ambiente, debe serlo con una firmeza, de tal suerte que generemos y planteemos los cimientos de un sistema en el que el desarrollo económico y la productividad de las empresas no implique el deterioro ambiental automático, sino buscar soluciones a las problemáticas actuales, sin comprometer a las futuras generaciones.
En este sentido, el Senado mexicano aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional vinculante y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Sin embargo, la aplicación del tratado requiere de políticas concretas, así como de la creación de nuevas leyes, programas y financiamiento. En ese sentido, junto con el sector privado y con las grandes empresas que lo integran, en el Senado mexicano elaboramos una iniciativa de economía circular que busca cambiar de raíz el modelo de producción y consumo en el país, para enfocarla en una correcta gestión y aprovechamiento de los residuos que generan, y con ello contribuir al cuidado del medio ambiente global.
Sólo para compartir un dato:
En esta vorágine de úsese y tírese, sólo en Latinoamérica cada persona produce un kilo de basura, esto al día; y la región en su conjunto, aproximadamente, 541 mil toneladas diarias, lo que representa alrededor de un 10 por ciento de la basura mundial. Es decir, continuar con este modelo es insostenible para la humanidad y nuestros parlamentos, y por eso debemos coadyuvar no sólo a cambiar la normatividad, sino a mantener una mentalidad de consumo incrustada en nuestra sociedad.
Desde el Senado Mexicano, también hemos realizado acciones para proteger nuestros océanos; 17 de nuestras 32 entidades federativas son costeras. Por eso, la mayoría parlamentaria que encabezo, ha hecho un llamado a atender el problema del sargazo, que llegó a nuestras costas. De igual forma, es importante encontrar nuevos esquemas fiscales que puedan generar recursos dirigidos a cubrir el costo social del daño medioambiental. Una opción viable, es que los parlamentos pugnen por la inclusión de impuestos a las externalidades medioambientales que genere el sector industrial, la cual, si bien es una medida nacional, requiere de la colaboración internacional.
Esto no se encuentra fuera de la realidad, y un ejemplo de su posible implementación, es el esfuerzo que el Grupo de los países que integran el G-20, ha realizado para imponer un gravamen común para evitar la evasión fiscal. La responsabilidad ambiental debe de ser multidisciplinaria y transversal. Por ello, celebro la diversificación de voces que se conjunta en este Foro en torno al combate del cambio climático. Sin duda, las respuestas y buenas prácticas legislativas que se compartan aquí, abonarán a un verdadero cambio de mentalidad y acción con perspectiva de justicia climática y con responsabilidad social. Termino enfatizando, una vez más, que la atención al medioambiente es ineludible y es tarea de los parlamentos, de las y los legisladores. Que el tema no sea simplemente una bandera política, sino una realidad que, de no ser atendido, afectará gravemente a la humanidad.
Muchas gracias.