Por Jaime Arizmendi
*Desconfían Autoridades Estadounidenses por Ineficiente Regulación
Coneme / A fin de garantizar la integridad y seguridad de usuarios y personal de servicios aeronáuticos, así como la viabilidad económica de empresas del sector, el GPPRD exige a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informe qué hará para revertir la degradación de su nivel de calidad, derivada muy probablemente, a su vez, de los recortes presupuestales al sector.
Anota que, según autoridades estadounidenses, la regulación mexicana no cumple estándares de aviación civil internacional ni lineamientos de seguridad, por lo que el pasado 25 de mayo bajaron su calificación a México en cuanto a seguridad aérea de nivel 1 a nivel 2.
Además, señalaron deficiencias en el personal técnico de la Agencia Federal de Aviación Civil de México (AFAC), que sustituyó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como la insuficiente capacitación de sus inspectores.
Refiere que, según la SCT, la descalificación estadounidense a los servicios aeronáuticos de México pudo deberse a que probablemente sus autoridades no valoraron pruebas documentales entregadas durante las tres semanas previas a su decisión, como la actualización de la Ley de Aviación Civil.
Sin embargo, “a decir de expertos, en realidad la falta de cumplimiento por parte de la SCT y la consiguiente descalificación estadounidense a sus servicios obedece a los dramáticos recortes presupuestales que ha sufrido esta dependencia durante el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Diputados perredistas expusieron diversas informaciones según las cuales el gasto total de la DGAC pasó, en términos reales, de 546.3 millones de pesos en 2018 a 450.2 millones en 2019, a 407.8 en 2020 y a sólo 305.8 millones de pesos en 2021, lo cual significa un recorte de más de 44% en el presente año respecto al último del anterior gobierno.
Esto “implica que los recortes presupuestales implementados por el Gobierno Federal afectan directamente la operatividad de las dependencias, poniendo en riesgo no solo a la industria, sino a los propios pasajeros, debido a la ineficiencia y falta de capacidad técnica del personal de la Agencia Federal de Aviación Civil”, destacaron los perredistas.
Como sea, la mencionada descalificación implica que las aerolíneas mexicanas no podrán registrar nuevas rutas ni registrar nuevos aviones para viajes entre México y Estados Unidos durante por lo menos los próximos siete meses, lo que ya impacta de manera negativa a las empresas del sector.
De hecho, al día siguiente de la decisión estadounidense, registraron pérdidas por 11 mil 451 millones de pesos en las cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, con lo que se dificulta su recuperación en medio de la pandemia y se benefician las empresas estadounidenses.
Por ello, los legisladores consideraron imprescindible que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz Díaz Leal, entregue al Congreso de la Unión un informe relativo a las causas que propiciaron esta modificación, pero, sobre todo, que informe cómo hará para superar las deficiencias que la causaron; y pidieron al Congreso de la Unión respalde su petición.