Por Alberto Woolrich
Coneme / Produce sorpresa, indignación, repudio e incluso escándalo a cualquiera que se precie de tener un mínimo de conocimientos de derecho y por ende sensibilidad jurídica o simplemente democrática, que el presunto responsable de introducir la narcopolítica en ésta República ande en impunidad, en libertad y, el hecho de que muchos inocentes se encuentren en prisión. Un mínimo sentido de igualdad ante la ley penal se rebela ante espectáculos tan sorprendentes y deprimentes. La justicia de ésta Cuarta Transformación de la República da mucho de qué pensar.
Nadie puede entender del hecho cierto que si durante la pasada época del neoliberalismo y en lo que va de ésta llamada transformación de la nación cierto político que creó alianzas con el narcotráfico, se nieguen a indagarlo y continúen protegiéndolo bajo el asqueroso manto de la impunidad, no se puede entender ello. Y nadie puede entender que nadie haga nada, nadie puede comprender el porqué esa actitud tan desleal a la Constitución y a México. Es inadmisible ello, como inadmisible es que se sostenga una cadena de complicidades a fin de que siga gozando de su libertad.
El hecho de impunidad continúa sucediendo y se encamina hasta el esperpento. La actitud de la Presidencia de la República viene a confirmar esa realidad indeseable, ello es un despropósito y, desde el punto de vista jurídico-político una aberración impregnada de estiércol, la cuál raya en complicidad o encubrimiento. Esa aberración de la Cuarta Transformación de la Nación no despide humo de buen derecho, despide aromas de excremento y aún está pendiente la coronación irracional de los hechos: Consulta para saber si se pone en prisión a la delincuencia del poder. Dado ello el derecho continúa brillando por su ausencia.
Quién sostenga argumentos en contrario ignora el derecho, carece de razón y le falta entendimiento. México no merece proteger a un delincuente. La desgracia de la Cuarta Transformación de la Nación es que no quiere escuchar la verdad, el reclamo del pueblo. Ese error histórico es exclusiva responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador en su calidad de residente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna manera de México, del pueblo.