Por Alberto Woolrich
Coneme / La expresión jurídica contenida en las palabras “Imperio de la Ley”,
como bien es sabido en Derecho, deviene de un origen anglosajón y
supone una traducción literal o casi literal de la muy conocida voz
inglesa “Rule of Law” que resulta ser el equivalente a -Estado de
Derecho-, lo que hace más entendible la interpretación que se acaba
de asentar. Son múltiples las togas que ponen de manifiesto la
substancial diferencia existente entre el modelo constitucional de la
lengua inglesa y la nacional. Nuestros jueces, resultan ser funcionarios
públicos. En éste entendido constitucional a ellos se les exige una
incondicional sumisión a nuestra Carga Magna, dado a ello no es
factible dejar esa expresión de voluntad popular en manos de un poder
diferente del judicial.
Es por ello inadmisible que en nuestra Norma Constitucional, se
pretenda ahora la intromisión del Poder Ejecutivo en actos de estricta
justicia. Lo que México exige es que se aplique e interprete la ley por
jueces y magistrados que representen y defiendan nuestra
Constitución Política. En definitiva que se sometan únicamente al
imperio de la ley y que desde sus elevados sitiales apliquen criterios
que otorguen una legitimación democrática.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México,
A.C., jamás podrá ni deberá de estar de acuerdo con las visiones e
injerencias del Poder Ejecutivo y Legislativo en cuestiones y opiniones
de justicia, ello solo le compete al –imperio de la ley–. Ese imperio
jamás debe de acatar sumisión a ocurrencias e indignidades de
poderes que quieran menguar ese –imperio de la ley–.
Se quiera o no, nuestro Poder Judicial Federal, cumple con una función
jurídica creadora al aplicar e interpretar el derecho, aunque no sea en
el sentido que el Ejecutivo y Legislativo pretenden.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ofrece
dudas al respecto. Las togas de justicia únicamente se encuentran
ligadas al Estado por una obvia relación de servicio, irreconciliable con
un sometimiento que sea ajeno al –imperio de la ley–.
Dado lo antepuesto resulta indignante y reprobable que a nuestros
jueces el Poder Ejecutivo pretenda enturbiar, con sus opiniones su
sentido de justicia, que no puede ser diverso, que el de aplicar o
interpretar el ordenamiento jurídico a favor siempre de la justicia, la
cuál es inherente a la dignidad de México.
Ojalá ello así lo entienda algún día nuestro señor Presidente de la
República.