Por Carlos Mauricio Hernández / Corresponsal
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a diversas autoridades federales y del Estado de Sonora implementar medidas cautelares para proteger a la familia del defensor del medio ambiente, José de Jesús Robledo Cruz y a los habitantes del ejido El Bajío, perteneciente al municipio de Caborca.
Luego de que se dio a conocer en los medios de comunicación el asesinato de Robledo Cruz y su esposa, el pasado 29 de abril en Puerto Peñasco, este Organismo Autónomo solicitó a la gobernadora del estado de Sonora, al comisario general de la Guardia Nacional, al secretario de Seguridad Pública, al fiscal general de justicia de la entidad y al presidente municipal de Caborca implementar acciones para salvaguardar la integridad física de los familiares del ambientalista.
Particularmente, se pidió a la Fiscalía General de Justicia de Sonora iniciar la investigación de los hechos, tomando en consideración la labor de defensa de la naturaleza que llevaban a cabo las víctimas ante el impacto causado por la operación de la industria minera en la región; dictar las medidas pertinentes para proteger a su familia, además de proporcionarle la contención emocional que requiera.
Asimismo, la CNDH requirió a las autoridades mencionadas poner en marcha protocolos para proteger a los habitantes de El Bajío, con el fin de evitar daños irreparables a los derechos humanos a la vida, seguridad e integridad personal.
La Comisión Nacional reconoce la importante labor de promoción y protección de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y ambientales que llevan a cabo las y los defensores civiles, por lo que reitera su llamado a las autoridades para que generen condiciones que les permitan desempeñar su trabajo con seguridad y reduzcan al mínimo los riesgos a su integridad.
Las medidas cautelares ya fueron debidamente notificadas a las citadas autoridades, por lo que este Organismo Nacional se mantendrá al tanto de su aceptación y cumplimiento.
¡Defendemos al pueblo!