Por Emilio Durán Martínez / Corresponsal
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y
Similares de la República Mexicana, que preside el senador Napoleón Gómez
Urrutia, fue notificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) sobre la admisibilidad de la queja.
La queja fue presentada en contra de los atropellos a
los derechos laborales de los trabajadores de Cananea, por parte de Grupo México,
que derivaron que la huelga se declarara inexistente.
“Este es el primer precedente sindical en el país ante la CIDH contra la corrupción
de los gobiernos neoliberales y Grupo México»,destacó la organización sindical.
Celebramos que ahora podrá
intervenir el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien
garantizará la justicia social, puntualizó.
La CIDH declaró admisibles los derechos reclamados por el Sindicato y que
había presentado ante la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH),
como el de la libertad de garantías judiciales, de libertad de asociación y de los
derechos sindicales, entre otros, pero que el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto se negó a reconocer y argumentó que no se había cumplido con el proceso
interno antes de recurrir a las instancias internacionales.
El SNTMMSSRM explicó que recurrió a la CIDH cuando en México se cerraron las puertas de la justicia a los mineros de Cananea, que iniciaron la huelga el 30 de julio
de 2007, la cual fue declarada inexistente en 2009, por lo que la empresa de Germán
Larrea recurrió al recurso ilegal de pedir la terminación de las relaciones de trabajo
y del contrato colectivo, para poner fin a la huelga “por causas de fuerza mayor”.
Incluso, subrayó que Grupo México tuvo la complicidad de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que su
abogado Fernando Gómez Mont, fungió como secretario de Gobernación en ese entonces.
Señaló que derivado de la ilegal maniobra de la empresa se despidió a mil 200
mineros, pero 828 se negaron a recibir las miserias de la indemnización, por lo que decidieron recurrir a la CIDH.
El 11 de julio de 2011, las autoridades resolvieron en
definitiva la improcedencia de la huelga de Cananea, dejando en la calle a los mineros y sin servicios de salud y médicos a ellos y sus familias.
Dos semanas después, agregó, por arte de magia desaparecieron “las causas de fuerza mayor” y la mina fue reabierta, con un sindicato de la CTM y con un contrato
colectivo de protección patronal, que trajo a trabajadores del sur del país, toda vez
que Larrea prohibió contratar a sonorenses.