Por Alberto Woolrich
México requiere, nuestra Patria necesita, pese a todo, alentar sus
esperanzas en la justicia electoral. Nuestros recintos de justicia en esa
esfera tienen y contienen buenos cimientos y la suficiente dignidad
institucional para dar el cabal cumplimiento a sus muy elevadas
funciones de control de legalidad a fin de salvaguardar nuestro
sufragio en contra de aquellas decisiones arbitrarias y pedantes del
poder político insensato y arbitrario.
México tiene que hacer memoria y recordar de manera permanente
que las funciones de nuestros Recintos de Justicia Electorales le
exigen a sus órganos jurisdiccionales enjuiciar las contiendas desde
parámetros y principios jurídicos objetivos atendiéndose a las
exigencias de constitucionalidad, legalidad e imparcialidad, olvidándose
de toda tentación partidista para evitar someterse a cualquier capricho
del poder reinante, que pudiera pretender exigir el sometimiento en
criterios de indignidad, oportunidad, conveniencia o ilegalidad, sin
amilanarse ante consecuencias políticas de insensatez.
Existe en nuestra Nación una muy añeja e imperiosa necesidad de
justicia, rigor y dignidad jurídica. Persiste al igual una profunda, muy
profunda crisis de desconfianza en las decisiones de índole político,
cimentadas en ocurrencias, necedades, arbitrariedades e injusticias. A
pesar de que múltiples togas de dignidad han venido sosteniendo una
espléndida labor de interpretación y aplicación de nuestra Constitución
Política, a fin de pretender librarse de la desconfianza que pudiera
existir en la justicia.
Nuestros Recintos de Justicia Electorales con sus múltiples
resoluciones, determinaciones y sentencias, en las cuales la mayoría de
ellas fueron perfectamente correctas, razonables y constitucionales.
Verdad resulta también, que con sus decisiones nuestros Tribunales
Electorales contribuyen a una efectiva garantía de salvaguardar
nuestro sufragio, lo cuál ha resultado ser una gran e incuestionable
valía. Y es a la par veraz, asimismo, que en últimas fechas esos
tribunales se han comportado con una rigurosa dignidad,
imparcialidad, objetividad, congruencia y eficiencia acorde con la
propia doctrina de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Tanta politequería y porquería que a últimas fechas se ha lanzado
contra nuestros Órganos Jurisdiccionales Electorales desde todos los
ámbitos del Poder Ejecutivo y Legislativo, tanta deshorna que han
intentado acumular en contra de las Instituciones Electorales,
pretendiendo con ello obstruir la verdad jurídica que han dado origen a
tensas alarmas de intromisiones en la justicia.
Es el deseo de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados
de México, A.C., que después de pasadas éstas elecciones, se defienda
el sufragio de millones de mexicanos y que los Tribunales Electorales
vuelvan a poner las cosas en su sitio, actuando con la normalidad
jurídica que se debe. Así esperamos para bien de nuestra democracia.