Por Mario Díaz
-Mañana decide la SCJN iniciativa de encuesta
-Si la desechan cargará con la responsabilidad
-Si la aprueban será la bandera de la 4T
AL margen de la decisión colegiada del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) sobre la constitucionalidad o no de la encuesta popular que pretende la Cuarta
Transformación, lo cierto es que, sea cual fuere el resultado, el presidente ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR resultará ganador.
Si la máxima autoridad en materia jurídica desecha la iniciativa, el jefe del Ejecutivo
federal responsabilizará a esa instancia por la falta de cumplimiento de esa promesa
contemplada dentro del programa del combate a la corrupción.
Por el contrario, si los ministros de la SCJN aprueban la encuesta para enjuiciar a los ex
presidentes de la república entre los años 1988 y 2018, LÓPEZ OBRADOR tendrá los
elementos necesarios para continuar con esa bandera partidista que le permitirá
incrementar los bonos políticos de la 4T.
Desde esa perspectiva solo se observan dos caminos: uno, el huésped del Palacio Nacional
se lava las manos como Poncio Pilato y, dos, saca adelante su estrategia política que le
permita enfrentar en óptimas condiciones los procesos eleccionarios de 2021, la
renovación de mandato en 2022 y la elección presidencial de 2024.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán determinar la
constitucionalidad de la pregunta que se haría a los encuestados, pero antes habrán de
analizar si la iniciativa recibida es procedente o no.
Seguramente se generará controversia al momento de decidir si la iniciativa se apega a lo
que establece la Constitución o si existen elementos de inconstitucionalidad. Si se vota por
lo segundo, es muy probable que se suspenda en análisis de la pregunta por innecesario.
Cabe señalar que la iniciativa lopezobradorista de consulta popular para enjuiciar a los
expresidentes CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE
FOX QUESADA, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO ha dividido la
opinión pública.
Por un lado, quienes mantienen la firme idea de que se aplique la ley en caso de
comprobarse la comisión de ilícitos, anteponiendo el proceso a la consulta; y, por el otro,
quienes consideran necesario aplicar la democracia participativa, para que sea el pueblo
quien decida si se somete a proceso o no a los exmandatarios.
Por supuesto que será por demás interesante conocer el veredicto final de los integrantes
del Poder Judicial, decisión que, sin duda, será relevante en la historia política de México,
independientemente de que si la iniciativa de enjuiciamiento es o no constitucional.
Estrategia planeada o coincidencia, lo cierto es que el veredicto de mañana de la SCJN
habrá de beneficiar a quien encabeza el gobierno de la Cuarta Transformación y su
proyecto de Nación a mediano y largo plazo. Obviamente, mantener la bandera de juicio a
los expresidentes generaría mayores bonos políticos.
Desde otro plano, se pondrá a prueba la independencia del Poder Judicial con base en los
argumentos y decisión final que asuma el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Hasta antes de la 4T, nadie dudaba en asociar de inmediato el sometimiento de la
máxima autoridad judicial ante el Poder Ejecutivo Federal.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Eso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación trae a colación sendas controversias
constitucionales que preparan el gobierno estatal de Tamaulipas y el municipio de H.
Matamoros.
El gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA pretende que la SCJN analice
la inequidad del presupuesto que recibe la entidad al compararlo con la alta tributación
que genera.
Por otro lado, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ analiza contratar un grupo
de abogados expertos en materia constitucional para promover una controversia, luego
de que el gobierno estatal decidió hacerse cargo de la Dirección de Vialidad tras
considerar que hubo omisión de esa dependencia en recientes protestas de taxistas por
operativos estatales en su contra.
II.-Ahora que la 4T pretende desaparecer fideicomisos, entre ellos el Fondo para la
Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas ¿habrá
organizaciones o asociaciones gremiales periodísticas que hagan públicas sus posturas?
Y hasta la próxima.
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